El Congreso de los Diputados ha aprobado este 12 de febrero un nuevo decreto que garantiza el escudo social del polémico decreto ómnibus que fracasó el pasado 22 de enero.
El nuevo decreto contempla medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad y entró en vigor el 30 de enero de 2025. No obstante, los artículos 64 (límite de las cuantías de las pensiones públicas), 65 (revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas) y 66 (actualización del tope máximo y mínimo de las bases de cotización en el sistema de la Seguridad Social) producirán efectos retroactivos económicos desde el día 1 de enero de 2025.
Estas serían las principales medidas que adopta el nuevo Decreto:
Medidas económicas y de financiación territorial
- Suspensión del régimen de liberación de inversiones extranjeras: se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la restricción a las inversiones extranjeras directas en empresas estratégicas.
- Exención de pérdidas contables para empresas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana.
- Financiación Especial para la Comunidad Valenciana.
Ayudas directas al transporte público
- Se prorrogan desde el 23 de enero hasta el 30 de junio de 2025 las ayudas al transporte existentes, dejando los precios de billetes de transportes urbanos, interurbanos y abonos de transporte, abonos de viaje, etc., como estaban a fecha 22 de enero.
- Nuevas ayudas al transporte de viajeros a partir del 1 de julio, hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Ayudas para la compra de ciclos de pedaleo asistido y bicicletas de mano híbridas o eléctricas para sillas de ruedas.
- Ayudas directas a entidades locales que presten servicio público de préstamo de bicicletas, con el fin de fomentar el uso de ese vehículo en zonas municipales.
- Reducción del precio de abonos y títulos multi viaje de Renfe en los núcleos de Cercanías de Asturias y Cantabria.
- Descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y títulos multi viaje del transporte público colectivo terrestre en Canarias y Baleares.
Medidas relativas a pensiones
- Pensiones contributivas y no contributivas: revalorización del 2,8% y fija el complemento de pensiones para la reducción de la brecha de género en 35,90 euros mensuales. La pensión pública máxima se fija en los 45.746,40 euros anuales.
- Cotización del 0,8% del Mecanismo de Equidad intergeneracional (0,67% a cargo de la empresa y 0,13% a cargo de la persona trabajadora).
Medidas relativas al empleo
- Prohibición de despido por causas objetivas derivadas del aumento de los costes energéticos en empresas beneficiarias de ayudas directas previstas en el RD-Ley.
- Devolución de ayudas en caso de despidos injustificados.
- Se mantienen los beneficios en cotización para empresas que adopten
- Prórroga hasta el 30 de junio de 2025 de las medidas para los ERTE de fuerza mayor en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, derivados de la erupción volcánica en la Palma.
Otras medidas sociales recogidas en el Real Decreto: protección de colectivos vulnerables y vivienda
- Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Compensación a arrendadores afectados por la suspensión de desahucios hasta el 31 de enero de 2026.
- Línea de avales del Estado para propietarios e inquilinos como cobertura en caso de impago en el alquiler de vivienda.
- Descuentos del bono social a consumidores domésticos vulnerables de energía eléctrica del 50% hasta el 30 de junio y del 42,5% del 1 de julio al 31 de diciembre.
- Prohibición de cortes de luz y agua para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025.
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