El auge del teletrabajo ha cambiado notablemente las relaciones laborales, generando ventajas y nuevos desafíos, especialmente respecto al derecho a la desconexión digital, que evita la exigencia de disponibilidad constante.

El derecho a la desconexión digital está regulado en por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales en su artículo 88, que ha cobrado especial relevancia con la generalización del teletrabajo, reforzada recientemente por el Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de febrero de 2025, que contempla explícitamente la reducción de la jornada máxima a treinta y siete horas y media semanales, mejoras significativas en el registro de jornada y un régimen sancionador específico para garantizar el respeto al derecho a la desconexión. Este derecho implica que los empleados tienen garantizado el respeto a sus tiempos de descanso, permisos, vacaciones, y especialmente, la no obligación de responder mensajes, correos electrónicos o llamadas laborales fuera del horario establecido.

La implementación práctica del derecho a la desconexión digital enfrenta numerosos desafíos, especialmente debido a la flexibilidad horaria propia del teletrabajo. Es habitual que los límites entre la vida laboral y personal se difuminen, generando riesgos psicosociales como estrés, ansiedad o síndrome del trabajador quemado (burnout).

Para asegurar que este derecho se respete, la Ley Orgánica 3/2018 establece que las empresas están obligadas a elaborar políticas internas claras que regulen el uso de dispositivos electrónicos y horarios de trabajo, estableciendo procedimientos específicos para que los empleados puedan desconectar sin consecuencias negativas. Este nuevo Anteproyecto de Ley establece además que las empresas deberán garantizar la autenticidad, trazabilidad e interoperabilidad del registro de jornada, facilitando el acceso inmediato tanto a trabajadores como a la Inspección de Trabajo. Además, se recomienda formar y sensibilizar a los empleados y directivos sobre la importancia de respetar estos límites.

En conclusión, tanto las empresas como los trabajadores deben conocer y respetar sus derechos y obligaciones respecto a la desconexión digital. El incumplimiento por parte de las empresas puede conllevar importantes sanciones económicas y perjuicios a su reputación.

Por ello, resulta fundamental integrar el derecho a la desconexión digital en las políticas corporativas, contribuyendo así a un entorno laboral equilibrado, saludable y adaptado a las exigencias del contexto actual del trabajo.