Tras varios años de negociación entre las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y las aseguradoras, se ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley que reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2016.En términos generales, la nueva ley incrementa la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la rápida resolución de los conflictos y la garantía de una indemnización suficiente, lo que sitúa a España a la altura de las reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del automóvil.En el supuesto de fallecimiento, se consigue una mejora de la percepción de las indemnizaciones analizando el caso concreto y teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares.Por ejemplo, con el nuevo modelo, por la muerte de un padre de familia con ingresos netos anuales de 38.000 euros, que deje viuda y tres hijos menores de 12 años, la prestación pasará de los 335.519 euros actuales a los 671.480 euros, es decir, un incremento del 100%. Por otro lado, un profesional con una renta superior a los 60.000 euros anuales que sufriera la amputación parcial de una pierna en un siniestro de tráfico duplicaría la actual indemnización que recibiría, al pasar de 350.000 euros a un máximo de 750.000 euros.La nueva norma clasifica a los perjudicados en accidentes de tráfico en cinco categorías autónomas: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados. Considera que éstos sufren siempre un perjuicio que debe compensarse con independencia de que concurran o no con otras categorías de perjudicados.Así, respecto a la media del periodo 2005 a 2011, según los daños causados en cada accidente de circulación, las indemnizaciones correspondientes se modifican de la siguiente manera:

  • Indemnizaciones por muerte: se incrementan un 50% de media
  • Indemnizaciones por secuelas: se incrementan un 35% de media
  • Indemnizaciones por lesiones: se incrementan un 12,8% de media

Las indemnizaciones se revalorizarán en el mismo porcentaje que lo hagan las pensiones y quede determinado en los presupuestos generales del estado.Asimismo, la ley establece la creación de una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de la que formarán parte también las asociaciones de víctimas y las entidades aseguradoras, con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y el sistema de actualización.