El Gobierno regula la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor VTC y prohíbe vender licencias dentro de los dos primeros años de su expedición. 

El Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, se enmarca en la voluntad del estado de regular la explotación y uso de las autorizaciones VTC tras las últimas sentencias judiciales que van a provocar que el sector reciba próximamente miles de nuevas licencias.

El mencionado decreto consta únicamente de dos artículos, uno relativo a la transmisión de las autorizaciones con objeto de evitar prácticas especulativas, y otro que afecta a las medidas de control de la prestación de los servicios con objeto de evitar prácticas desleales frente a otros sectores, especialmente el TAXI.

En cuanto a la transmisión de las licencias, se prohíbe la misma hasta que hayan transcurrido dos años desde su expedición por el órgano territorial competente, salvo en los supuestos de transmisión a favor de herederos en caso de muerte, jubilación o incapacidad física o legal del titular.

Por lo que hace a las medidas de control, se establece la obligación de comunicar por vía electrónica el servicio contratado de forma previa a su realización.

Esta obligación entrará en vigor una vez la Dirección General de Transporte Terrestre cree un registro de comunicaciones.

Con ello, se pretende controlar que se produzcan incumplimientos en la práctica de los servicios, así como los servicios prestados fuera de la comunidad autónoma que otorgó la autorización.

Por último, señalar que se impone a los vehículos a adscribir a las nuevas autorizaciones el cumplimiento de los requisitos vigentes actualmente.

Este decreto entró en vigor el pasado 31 de diciembre de 2017.

Visto lo anterior, entendemos que el decreto será a buen seguro objeto de impugnaciones, en especial por la limitación temporal de la transmisión de las licencias VTC habida cuenta que, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), emitió informe desfavorable a dicha medida por suponer una importante restricción a la capacidad de comerciar con las licencias y una barrera de entrada al mercado.